El creciente número de accidentes y violaciones de tránsito que se registran en el país desborda la capacidad que tienen los tribunales que conocen estos casos, principalmente en Santiago, la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, donde se presentan un promedio de 800 casos por día, aunque los jueces y los fiscales apenas pueden registrarlos y atenderlos en un 60%.
Sólo en el Distrito Nacional se presentan 300 casos diariamente en este tribunal, la mayoría correspondientes a reclamaciones de los conductores de que se les anulen las multas.
“Vienen a reclamar multas y se quejan por acciones incorrectas de los agentes de la Autoridad Metropolitana de Tránsito, pero el mayor número se presenta por accidentes y buscando conciliación, formularios para reclamaciones de seguros o porque quieren ver al juez para que establezca responsabilidades”, informó Katiuska Viviano, fiscal del Tribunal Especial de Tránsito de la Amet.
Junto a la magistrada Viviano, los fiscales Cándida Nathalia Núñez, Pascual Reynoso, Thania Valentín, Fausto Bidó Quezada y Gilberto Bernardo Núñez tienen que conciliar y tramitar los casos que se presentan diariamente en este tribunal, y escuchar las reclamaciones de los conductores de la anulación de multas “injustificadas”.
Un 80% de los casos son choques en el área del Distrito Nacional, que en su mayoría suelen resolverse mediante acuerdos de los involucrados, pero un número considerable decide acudir a los jueces y a las demandas civiles.
“Muchos se desesperan y quieren ver a los jueces para que ordenen la reparación de los daños que sufrieron, incluso, antes de llenar los trámites correspondientes y de someter sus demandas civiles”, dijo Viviano.
A los tribunales de tránsito de la Capital y de las provincias Santo Domingo y Santiago se presentan unos 16 mil casos mensualmente, pero los jueces y fiscales apenas pueden atender el 40% de ellos y menos de un 15% concluye exitosamente un proceso judicial. Seguir el proceso de una demanda, sea ésta civil o criminal, en cualquier tribunal de tránsito del país es una verdadera odisea.
Compensaciones pírricas
“Con frecuencia los afectados hacen arreglos durante el proceso para ahorrar tiempo, incomodidades y malos ratos, ya que generalmente se pasan dos y tres años asistiendo a las audiencias y al final apenas son recompensados”, reveló José Marrero Nova, presidente de la firma de abogados Marrero y Asociados, de Los Prados.
Para el licenciado Marrero la ventilación de los conflictos humanos, que tiene como soporte el sistema jurisdiccional clásico, en la mayoría de los países del mundo ha colapsado como consecuencia de los raquíticos presupuestos asignados a los órganos judiciales.
“Esa situación ha provocado que tengamos un sistema casi perverso por la morosidad excesiva y las mafias que se han creado para resolver los litigios y paradójicamente buscar la paz social”, precisó.
Seguros falsos
El fotógrafo de LISTÍN DIARIO, Jorge Cruz, tuvo que desistir de una demanda civil que había introducido en contra del conductor de un minibús de la Confederación Nacional del Transporte (Conatra), porque no encontró apoyo en la fiscalía del tribunal de tránsito y porque, además, el abogado que inicialmente tomó el caso desistió de continuar una demanda civil tan pronto se enteró de que el autobús que chocó su vehículo tenía un seguro falso.
Cruz fue embestido por la guagua mientras cruzaba el elevado de la avenida John F. Kennedy, sobre la avenida Abraham Lincoln, por donde se supone que no deben transitar este tipo de vehículos, ni autibuses del transporte público. Además de que su carro resultó con daños muy considerables, Cruz y su compañero Adriano Rosario sufrieron contusiones y laceraciones en distintas partes del cuerpo.
Luego de reportar el accidente en el tribunal y llenar los trámites, el abogado descubrió dos días después que el seguro que presentó el chofer de Conatra correspondía a un vehículo distinto, incluso otro modelo y un año más avanzado, de otro color aunque con el mismo nombre del sindicato que dirige Antonio Marte.
El abogado pudo determinar que con esa misma tarjeta de seguro, más de 15 choferes de Conatra habían reportado accidentes de tránsito, lo que significa que a muchos de los chóferes los propietarios de las unidades y el mismo sindicato les dan tarjetas de seguros legales duplicadas.
Compañías aseguradoras
Debido a esta violación de la ley ningún abogado aceptó el caso de Jorge Cruz para demandar a Conatra, ni tampoco los jueces ni los fiscales se ocuparon de averiguarlo.
De esta manera muchas compañías aseguradoras de vehículos están siendo estafadas por los sindicatos de guaguas, que no pagan ningún seguro, ni tampoco se responsabilizan de los daños y perjuicios que causan a los conductores y a la ciudadanía con se accidentan”, dijo Cruz.
El fotorreportero explicó que su abogado cree que los sindicatos reportan accidentes de vehículos con el seguro de la misma marca y hasta del año que pagan para otras unidades que no estuvieron involucradas. Las tarjetas duplicadas y falsas de los seguros no son detectadas por los agentes de la Amet, porque éstos no tienen computadoras cuando detienen a los choferes por infracciones.
Marcos Medina, un dominicano residente en Orlando, Florida, tuvo un grave accidente de tránsito y resultó con una pierna despedazada y tras una convalecencia de casi ocho meses gastó alrededor de un millón de pesos en distintas intervenciones quirúrgicas para salvar su pierna. Al final de una demanda, que se mantuvo dos años y medio, sólo recibió 480 mil pesos, que debía compartir con su abogado.
“Este caso es muy frecuente, los afectados pierden tiempo y mucho dinero y las compañías aseguradoras siempre los engañan”, dijo Marcia Medina, esposa de Marcos.
El proceso de los accidentados se inicia cuando se acude ante el Departamento de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional y se instrumenta el Acta Policial conteniendo todos los datos relativos al lugar del hecho, nombres de las partes, datos del vehículo, propiedad y datos de la compañía de seguro.
Levantado el Acta Policial, se envía éste al Juzgado de Paz Especial de Tránsito o al Juzgado de Paz Ordinario a que corresponda. A solicitud de la parte afectada, se fija la audiencia para conocer del caso, y luego la parte que hace la reclamación notificará a las partes demandadas los motivos de su demanda.
Este proceso se lleva varios días y los trámites suelen hacerse más difíciles cuando se caen los sistemas de las computadoras o las secretarías de los tribunales alegan que no hay, que fulana tuvo que salir y que la otra no vino, etcétera y etcétera.
Reparación de daños
La persona que se siente agraviada a consecuencia del accidente, bien sea porque ha sufrido un daño en su vehículo, en su propiedad, o en su persona, podrá reclamarle al causante del accidente la reparación del daño provocado, lo que deberá hacer mediante la constitución de abogado.
Llegado el caso al Tribunal Especial de Tránsito y fijada la audiencia, las partes se pueden hacer acompañar de abogados para que representen sus intereses en el proceso, así como de los testigos y las pruebas en apoyo a sus pretensiones. Ya al final de la audiencia, los abogados presentan sus conclusiones; el fiscalizador dará su dictamen y el juez o jueza fallará sobre todo lo ocurrido.
Las leyes
Las leyes hacen obligatorio que la persona que conduce un vehículo esté provista de licencia; amparado por una matrícula, que el vehículo esté asegurado en una compañía y que se encuentre en buen estado para poder transitar por las calles, el solo hecho de que falte uno de estos requisitos es una violación a la Ley sobre Tránsito de Vehículos No. 241, que es sancionada por el tribunal.
Pero más del 40% de los conductores no cumplen este requisito, según Marrero Novas.
Los salones del tribunal especial de Amet, en la avenida V Centenario, han sido adecuados y remodelados para coger mejor a los cientos de ciudadanos que acuden cada día, pero no es lo mismo en el tribunal especial de la provincia Santo Domingo, ubicado en Villa Mella. Allí tiene que todos los accidentados, grandes y pequeños, de Herrera, Las Caobas, Los Alcarrizos, Las Palmas, Pedro Brand, Los minas, las Américas y otros muchos lugares, resulta pequeño e incómodo este lugar. “Es como si uno sufriera otro accidente al llegar aquí”, dijo el periodista Guarionex Concepción.
(+)
INSTANCIAS CRIMINALES POR COLISIÓN VEHÍCULOS
Muchos de los casos de accidentes de tránsito, además de los tribunales civiles, pasan a instancias criminales especiales, y éstos han aumentado en los últimos años, conforme a las estadísticas. Según las autoridades, alrededor de 1,200 personas han muerto en accidentes de tránsito en los primeros seis meses del año 2010. La mayor parte de los decesos ocurrieron entre hombres, y un elevado porcentaje de estos accidentes ocurrieron en motocicletas, un 83.5%, según la Amet.
A pesar del elevado número de muertes y de accidentes en motocicletas, en los tribunales de tránsito se conocen un porcentaje pírrico de demandas y reclamaciones por accidentes en motos. Casi nunca los motociclistas tienen seguro y este medio de transporte es usado en un 98% por gente de ingresos muy modestos y muy bajos que tienen que utilizarlo como transporte propio y como servicio público ante la escasez del transporte que sufre la República Dominicana desde hace más de 35 años.
Sólo en el Distrito Nacional se presentan 300 casos diariamente en este tribunal, la mayoría correspondientes a reclamaciones de los conductores de que se les anulen las multas.
“Vienen a reclamar multas y se quejan por acciones incorrectas de los agentes de la Autoridad Metropolitana de Tránsito, pero el mayor número se presenta por accidentes y buscando conciliación, formularios para reclamaciones de seguros o porque quieren ver al juez para que establezca responsabilidades”, informó Katiuska Viviano, fiscal del Tribunal Especial de Tránsito de la Amet.
Junto a la magistrada Viviano, los fiscales Cándida Nathalia Núñez, Pascual Reynoso, Thania Valentín, Fausto Bidó Quezada y Gilberto Bernardo Núñez tienen que conciliar y tramitar los casos que se presentan diariamente en este tribunal, y escuchar las reclamaciones de los conductores de la anulación de multas “injustificadas”.
Un 80% de los casos son choques en el área del Distrito Nacional, que en su mayoría suelen resolverse mediante acuerdos de los involucrados, pero un número considerable decide acudir a los jueces y a las demandas civiles.
“Muchos se desesperan y quieren ver a los jueces para que ordenen la reparación de los daños que sufrieron, incluso, antes de llenar los trámites correspondientes y de someter sus demandas civiles”, dijo Viviano.
A los tribunales de tránsito de la Capital y de las provincias Santo Domingo y Santiago se presentan unos 16 mil casos mensualmente, pero los jueces y fiscales apenas pueden atender el 40% de ellos y menos de un 15% concluye exitosamente un proceso judicial. Seguir el proceso de una demanda, sea ésta civil o criminal, en cualquier tribunal de tránsito del país es una verdadera odisea.
Compensaciones pírricas
“Con frecuencia los afectados hacen arreglos durante el proceso para ahorrar tiempo, incomodidades y malos ratos, ya que generalmente se pasan dos y tres años asistiendo a las audiencias y al final apenas son recompensados”, reveló José Marrero Nova, presidente de la firma de abogados Marrero y Asociados, de Los Prados.
Para el licenciado Marrero la ventilación de los conflictos humanos, que tiene como soporte el sistema jurisdiccional clásico, en la mayoría de los países del mundo ha colapsado como consecuencia de los raquíticos presupuestos asignados a los órganos judiciales.
“Esa situación ha provocado que tengamos un sistema casi perverso por la morosidad excesiva y las mafias que se han creado para resolver los litigios y paradójicamente buscar la paz social”, precisó.
Seguros falsos
El fotógrafo de LISTÍN DIARIO, Jorge Cruz, tuvo que desistir de una demanda civil que había introducido en contra del conductor de un minibús de la Confederación Nacional del Transporte (Conatra), porque no encontró apoyo en la fiscalía del tribunal de tránsito y porque, además, el abogado que inicialmente tomó el caso desistió de continuar una demanda civil tan pronto se enteró de que el autobús que chocó su vehículo tenía un seguro falso.
Cruz fue embestido por la guagua mientras cruzaba el elevado de la avenida John F. Kennedy, sobre la avenida Abraham Lincoln, por donde se supone que no deben transitar este tipo de vehículos, ni autibuses del transporte público. Además de que su carro resultó con daños muy considerables, Cruz y su compañero Adriano Rosario sufrieron contusiones y laceraciones en distintas partes del cuerpo.
Luego de reportar el accidente en el tribunal y llenar los trámites, el abogado descubrió dos días después que el seguro que presentó el chofer de Conatra correspondía a un vehículo distinto, incluso otro modelo y un año más avanzado, de otro color aunque con el mismo nombre del sindicato que dirige Antonio Marte.
El abogado pudo determinar que con esa misma tarjeta de seguro, más de 15 choferes de Conatra habían reportado accidentes de tránsito, lo que significa que a muchos de los chóferes los propietarios de las unidades y el mismo sindicato les dan tarjetas de seguros legales duplicadas.
Compañías aseguradoras
Debido a esta violación de la ley ningún abogado aceptó el caso de Jorge Cruz para demandar a Conatra, ni tampoco los jueces ni los fiscales se ocuparon de averiguarlo.
De esta manera muchas compañías aseguradoras de vehículos están siendo estafadas por los sindicatos de guaguas, que no pagan ningún seguro, ni tampoco se responsabilizan de los daños y perjuicios que causan a los conductores y a la ciudadanía con se accidentan”, dijo Cruz.
El fotorreportero explicó que su abogado cree que los sindicatos reportan accidentes de vehículos con el seguro de la misma marca y hasta del año que pagan para otras unidades que no estuvieron involucradas. Las tarjetas duplicadas y falsas de los seguros no son detectadas por los agentes de la Amet, porque éstos no tienen computadoras cuando detienen a los choferes por infracciones.
Marcos Medina, un dominicano residente en Orlando, Florida, tuvo un grave accidente de tránsito y resultó con una pierna despedazada y tras una convalecencia de casi ocho meses gastó alrededor de un millón de pesos en distintas intervenciones quirúrgicas para salvar su pierna. Al final de una demanda, que se mantuvo dos años y medio, sólo recibió 480 mil pesos, que debía compartir con su abogado.
“Este caso es muy frecuente, los afectados pierden tiempo y mucho dinero y las compañías aseguradoras siempre los engañan”, dijo Marcia Medina, esposa de Marcos.
El proceso de los accidentados se inicia cuando se acude ante el Departamento de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional y se instrumenta el Acta Policial conteniendo todos los datos relativos al lugar del hecho, nombres de las partes, datos del vehículo, propiedad y datos de la compañía de seguro.
Levantado el Acta Policial, se envía éste al Juzgado de Paz Especial de Tránsito o al Juzgado de Paz Ordinario a que corresponda. A solicitud de la parte afectada, se fija la audiencia para conocer del caso, y luego la parte que hace la reclamación notificará a las partes demandadas los motivos de su demanda.
Este proceso se lleva varios días y los trámites suelen hacerse más difíciles cuando se caen los sistemas de las computadoras o las secretarías de los tribunales alegan que no hay, que fulana tuvo que salir y que la otra no vino, etcétera y etcétera.
Reparación de daños
La persona que se siente agraviada a consecuencia del accidente, bien sea porque ha sufrido un daño en su vehículo, en su propiedad, o en su persona, podrá reclamarle al causante del accidente la reparación del daño provocado, lo que deberá hacer mediante la constitución de abogado.
Llegado el caso al Tribunal Especial de Tránsito y fijada la audiencia, las partes se pueden hacer acompañar de abogados para que representen sus intereses en el proceso, así como de los testigos y las pruebas en apoyo a sus pretensiones. Ya al final de la audiencia, los abogados presentan sus conclusiones; el fiscalizador dará su dictamen y el juez o jueza fallará sobre todo lo ocurrido.
Las leyes
Las leyes hacen obligatorio que la persona que conduce un vehículo esté provista de licencia; amparado por una matrícula, que el vehículo esté asegurado en una compañía y que se encuentre en buen estado para poder transitar por las calles, el solo hecho de que falte uno de estos requisitos es una violación a la Ley sobre Tránsito de Vehículos No. 241, que es sancionada por el tribunal.
Pero más del 40% de los conductores no cumplen este requisito, según Marrero Novas.
Los salones del tribunal especial de Amet, en la avenida V Centenario, han sido adecuados y remodelados para coger mejor a los cientos de ciudadanos que acuden cada día, pero no es lo mismo en el tribunal especial de la provincia Santo Domingo, ubicado en Villa Mella. Allí tiene que todos los accidentados, grandes y pequeños, de Herrera, Las Caobas, Los Alcarrizos, Las Palmas, Pedro Brand, Los minas, las Américas y otros muchos lugares, resulta pequeño e incómodo este lugar. “Es como si uno sufriera otro accidente al llegar aquí”, dijo el periodista Guarionex Concepción.
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INSTANCIAS CRIMINALES POR COLISIÓN VEHÍCULOS
Muchos de los casos de accidentes de tránsito, además de los tribunales civiles, pasan a instancias criminales especiales, y éstos han aumentado en los últimos años, conforme a las estadísticas. Según las autoridades, alrededor de 1,200 personas han muerto en accidentes de tránsito en los primeros seis meses del año 2010. La mayor parte de los decesos ocurrieron entre hombres, y un elevado porcentaje de estos accidentes ocurrieron en motocicletas, un 83.5%, según la Amet.
A pesar del elevado número de muertes y de accidentes en motocicletas, en los tribunales de tránsito se conocen un porcentaje pírrico de demandas y reclamaciones por accidentes en motos. Casi nunca los motociclistas tienen seguro y este medio de transporte es usado en un 98% por gente de ingresos muy modestos y muy bajos que tienen que utilizarlo como transporte propio y como servicio público ante la escasez del transporte que sufre la República Dominicana desde hace más de 35 años.
