Los jueces de la instrucción han sido
apoderados de 53,608 solicitudes de medidas de coerción, contemplada en
el Código Procesal Penal, principalmente por narcotráfico y violencia
intrafamiliar, que forman parte de los diez delitos más cometidos en el
país.
Las solicitudes han sido presentadas por las 34 fiscalías del país, del 2005 hasta la fecha, de las cuales 1,551 medidas de coerción fueron rechazadas por los tribunales.
De acuerdo al departamento de Estadística de la Procuraduría General de la Republica, de esa cantidad, contra 19,103, para 35.63%, se pidió prisión preventiva, medida de coerción contenida en el artículo 226 del referido código, en su numeral 7.
Aduce que al 2010 las medidas privativas representan 48% del total de medidas impuestas, señalando que la prisión preventiva representa 36%, impuesta en los casos de violencia intrafamiliar, narcotráfico, lavado de activo, violación, homicidio y otros delitos.
Conforme con el ministerio público, las 31 fiscalías del país dentro del Modelo de Gestión de Fiscalías llegaron a solicitar 25,532 para 47.63% medidas de coerción no privativas, como garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
De esa cantidad, a la fase de juicio fueron remitidos 18,228 imputados, el 34.38% de los casos, mientras que fueron procesados por soluciones alternativas 34,796, equivalente a 65%, que incluyen conciliación, suspensión condicional de procedimiento, procedimiento abreviado y otros.
Las principales solicitudes de medidas de coerción fueron presentadas por las Fiscalías del Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo, Santiago, Higu¨ey y San Pedro de Macorís, entre otras.
Diferentes sectores de la sociedad favorecen la modificación del Código Procesal Penal, ante decisiones tomadas por tribunales en torno a las medidas de coerción diferentes a la prisión preventiva.
Como consecuencia de las críticas que han provocado sus decisiones, muchos jueces han manifestado que bajo ninguna circunstancias darán libertad provisional bajo fianza y que dictarán prisión preventiva.
En una respuesta a las críticas contra jueces que han sido indulgentes al dictar coerción, el pleno de la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución con el propósito de que esas medidas se apliquen con mayor drasticidad en contra de los acusados de determinados crímenes y delitos. Con la estadística, la Procuraduría busca conocer la evolución y la incidencia de la criminalidad, para definir las políticas de persecución final de cada delito en base a criterios objetivos y bajo un análisis estratégico.
QUIÉN HACE CUMPLIR LAS SANCIONES
Diversos sectores han cuestionado la efectividad de las medidas preventivas, particularmente la que obliga al reo a presentarse ante el juez.
Hay quienes afirman que muy pocos de los que son enviados a sus residencias con el compromiso de presentarse vuelven a hacerlo. También se cuestiona los mecanismos de la justicia para hacer cumplir esa coerción.
Las solicitudes han sido presentadas por las 34 fiscalías del país, del 2005 hasta la fecha, de las cuales 1,551 medidas de coerción fueron rechazadas por los tribunales.
De acuerdo al departamento de Estadística de la Procuraduría General de la Republica, de esa cantidad, contra 19,103, para 35.63%, se pidió prisión preventiva, medida de coerción contenida en el artículo 226 del referido código, en su numeral 7.
Aduce que al 2010 las medidas privativas representan 48% del total de medidas impuestas, señalando que la prisión preventiva representa 36%, impuesta en los casos de violencia intrafamiliar, narcotráfico, lavado de activo, violación, homicidio y otros delitos.
Conforme con el ministerio público, las 31 fiscalías del país dentro del Modelo de Gestión de Fiscalías llegaron a solicitar 25,532 para 47.63% medidas de coerción no privativas, como garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
De esa cantidad, a la fase de juicio fueron remitidos 18,228 imputados, el 34.38% de los casos, mientras que fueron procesados por soluciones alternativas 34,796, equivalente a 65%, que incluyen conciliación, suspensión condicional de procedimiento, procedimiento abreviado y otros.
Las principales solicitudes de medidas de coerción fueron presentadas por las Fiscalías del Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo, Santiago, Higu¨ey y San Pedro de Macorís, entre otras.
Diferentes sectores de la sociedad favorecen la modificación del Código Procesal Penal, ante decisiones tomadas por tribunales en torno a las medidas de coerción diferentes a la prisión preventiva.
Como consecuencia de las críticas que han provocado sus decisiones, muchos jueces han manifestado que bajo ninguna circunstancias darán libertad provisional bajo fianza y que dictarán prisión preventiva.
En una respuesta a las críticas contra jueces que han sido indulgentes al dictar coerción, el pleno de la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución con el propósito de que esas medidas se apliquen con mayor drasticidad en contra de los acusados de determinados crímenes y delitos. Con la estadística, la Procuraduría busca conocer la evolución y la incidencia de la criminalidad, para definir las políticas de persecución final de cada delito en base a criterios objetivos y bajo un análisis estratégico.
QUIÉN HACE CUMPLIR LAS SANCIONES
Diversos sectores han cuestionado la efectividad de las medidas preventivas, particularmente la que obliga al reo a presentarse ante el juez.
Hay quienes afirman que muy pocos de los que son enviados a sus residencias con el compromiso de presentarse vuelven a hacerlo. También se cuestiona los mecanismos de la justicia para hacer cumplir esa coerción.
