El procurador general de la República, Radhamés
Jiménez Peña, abogó ayer porque en la República Dominicana se
establezca el cúmulo de penas y el establecimiento de un marco legal
para establecer penas severas en caso de sicariato.
Sostuvo que en la modificación del Código Penal Dominicano, que está pendiente en el Congreso, se debe establecer el cúmulo de penas contra las personas que se encuentran recluidas en recintos carcelarios que cometan o manden a cometer un delito grave.
El Procurador hizo el planteamiento ante la vinculación en el atentado contra Jordi Veras, del empresario cibaeño Adriano Román, quien guarda prisión en la cárcel de Rafey condenado a 20 años de prisión por el intento de asesinato de su ex esposa la señora Miguelina Llaverías, hecho ocurrido en el 2005. Se le atribuye haber pagado a sicarios para asesinar al abogado Veras.
Sostuvo
el jefe del ministerio público que ante situaciones de hechos
criminales y las imputaciones hechas a Román, entiende que personas como
estas no tienen que salir de las cárceles. Yo voy a proponer que procedamos inmediatamente a desarticular ese tipo de estructuras
Por otro lado, Jiménez Peña dijo que propondrá dentro del Consejo de Seguridad, que lleva a cabo el gobierno, el desmantelamiento de supuestas compañías de detectives privados y el sometimiento a la acción de la justicia de las personas que se dedican a ese tipo de actividad. “Yo voy a proponer en las próximas reuniones que procedamos inmediatamente a desarticular y a someter a la acción de la justicia a ese tipo de personas que se dedican a esa actividad”, dijo Jiménez Peña.
Por otro lado, el jefe del ministerio público dijo que es una situación preocupante el hecho de que militares y policías se vean involucrados en hechos delictivos.
A su entender, debe profundizarse la profilaxis dentro de los organismos castrenses y policiales, para evitar la incursión de sus miembros en hechos que atentan contra la moral.
Sostuvo que en la modificación del Código Penal Dominicano, que está pendiente en el Congreso, se debe establecer el cúmulo de penas contra las personas que se encuentran recluidas en recintos carcelarios que cometan o manden a cometer un delito grave.
El Procurador hizo el planteamiento ante la vinculación en el atentado contra Jordi Veras, del empresario cibaeño Adriano Román, quien guarda prisión en la cárcel de Rafey condenado a 20 años de prisión por el intento de asesinato de su ex esposa la señora Miguelina Llaverías, hecho ocurrido en el 2005. Se le atribuye haber pagado a sicarios para asesinar al abogado Veras.
Por otro lado, Jiménez Peña dijo que propondrá dentro del Consejo de Seguridad, que lleva a cabo el gobierno, el desmantelamiento de supuestas compañías de detectives privados y el sometimiento a la acción de la justicia de las personas que se dedican a ese tipo de actividad. “Yo voy a proponer en las próximas reuniones que procedamos inmediatamente a desarticular y a someter a la acción de la justicia a ese tipo de personas que se dedican a esa actividad”, dijo Jiménez Peña.
Por otro lado, el jefe del ministerio público dijo que es una situación preocupante el hecho de que militares y policías se vean involucrados en hechos delictivos.
A su entender, debe profundizarse la profilaxis dentro de los organismos castrenses y policiales, para evitar la incursión de sus miembros en hechos que atentan contra la moral.