En el Banco Central hay depositados RD$188 millones y US$272,000 por concepto de cuentas abandonadas y/o inactivas en los bancos comerciales y asociaciones de ahorros y préstamos.
Esto es en cumplimiento de una resolución de 2007, emitida por la Junta Monetaria, que establece la transferencia de esos recursos que por un período de diez años no muestran actividad en las entidades de intermediación financiera.
En total, según datos oficiales, hay RD$198.5 millones por cuentas abandonadas y/o inactivas. De cumplirse con el artículo 201 de la Ley 66-97 de Educación, el 20% de este monto, que serían RD$39,694,400, irían al Ministerio de Educación.
Sin embargo, informes del sector bancario indican que la Ley 183-02 habría derogado “implícitamente” el artículo de la Ley de Educación que especializa estos recursos.
La palabra educación no aparece ni una sola vez en la Ley Monetaria y Financiera y ninguna ley puede derogar implícitamente otra.
La Asociación de Bancos Comerciales (ABA) también reaccionó escuetamente sobre el tema. La entidad entiende que esa cuestión corresponde estrictamente al Banco Central en base a lo que dispone la Ley Monetaria y Financiera sobre el particular. Según el procedimiento, las entidades de intermediación financiera deben transferir los fondos de cuentas inactivas y/o abandonadas por un período de diez años, incluyendo los intereses percibidos.
El Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y Coalición Digna están de acuerdo con iniciar esfuerzos para gestionar que el 20% de los fondos dejados abandonados en cuentas corrientes y de ahorros en los bancos y asociaciones de ahorros y préstamos sean transferidos a la cartera educativa, como lo establece el artículo 201 de la Ley General de Educación.
La viceministra administrativa de Educación, Giselle Féliz, prometió investigar cuál ha sido el destino de esos fondos que por ley le corresponden a la cartera educativa, y se mostró esperanzada en que las autoridades financieras del país estén en la disposición de que lleguen a ese Ministerio.
Dijo que los ingresos registrados en Educación son los designados en el Presupuesto Nacional, las partidas provenientes de los organismos internacionales y las contrapartidas del Estado.
ADP
El presidente de la ADP, Radhamés Camacho, dijo que el Fondo Nacional de Fomento a la Educación, que establece el artículo 201 de la Ley de Educación, es parte de las iniciativas formuladas en el marco del Plan Nacional de Educación con el propósito de aumentar la inversión en Educación.
En ese sentido, Camacho llamó a las autoridades, específicamente al Banco Central, a que transfieran a Educación todos los recursos que les corresponden por ley.
Asimismo, el dirigente instó a Educación y a sus departamentos Legal y de Planificación, a que hagan uso y busquen el mínimo centavo que vaya a incrementar las inversiones en el sector. Desconoce si esos fondos están siendo entregados, y alegó que se trata de funciones administrativas del Ministerio.
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EDUCACIÓN DIGNA LAMENTA EL CASO
La representante de Coalición Digna y expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), María Teresa Cabrera, asegura que esos fondos no están llegando al Ministerio de Educación, tras lamentar que las autoridades no han hecho los esfuerzos para gestionar que esos recursos les sean entregados. “Quizás el espíritu con que está escrito el artículo 201 de la Ley General de Educación tiene pertinencias porque nadie sabe cuántos ingresos entran al Estado por concepto de todas la fuentes que señala el referido artículo”, manifestó Cabrera, tras lamentar el incumplimieinto de la ley.
