Santo Domingo.- La jueza de la Primera Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Katia Miguelina Jiménez Martínez, sugirió prohibir que jueces de la Suprema Corte de Justicia emitan declaraciones sobre casos judiciales en curso o sobre alguna decisión dictada por algún juez en el ejercicio de sus funciones. La magistrada Jiménez expone en su libro “Justicia y Medios de Comunicación”, conflicto a la luz del constitucionalismo”, que se tiene que erradicar ciertas prácticas, que realizadas desde el Poder Judicial, contribuyen a aumentar el descrédito de la justicia y pueden ejercer la presión sobre las decisiones de jueces de orden inferior al emitir esas declaraciones. Asimismo, pidió erradicar la emisión de declaraciones sobre asuntos sub judice por parte de la Policía Nacional y adoptar mecanismos más idóneos para que la información sobre éstos llegue a la prensa sin violentar los derechos de quienes se estén investigando. Secreto sumarialDe igual forma, la jueza Jiménez Martínez, quien condenó a los responsables de la muerte del periodista Orlando Martínez, hecho ocurrido el 17 de marzo de 1975, cuando se desempeño en la Décima Cámara Penal del Distrito Nacional, pidió reforzar la protección del secreto sumarial. La magistrada recomendó en su libro, en la página 134, concientizar y sensibilizar a los actores del sistema de justicia, es decir jueces, fiscales, policías, abogados y a los periodistas, acerca de los peligros y efectos perniciosos que generan los medios masivos de comunicación cuando incurren en excesos, al difundir información sobre casos judiciales. Sugirió la magistrada autorregulación de los medios masivos de comunicación, a través de códigos de ética que descansen sobre principios deontológicos, en procura de armonizar el ejercicio del derecho a la información y el derecho al debido proceso. La jueza en su libro Justicia y Medios de Comunicación pide la adopción de medidas legislativas, como la creación de una ley a través de la cual se incorporen nuevas normas que regulen los aspectos que mayores controversias generen y que las modestas disposiciones del Código Procesal Penal dominicano no han de resolver, por lo que “proponemos una ley que hemos denominado “ley de Protección al Debido Proceso”. PROMOVER CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓNRecomendó promover campañas de sensibilización y cursos de formación dirigidos a jueces, fiscales, abogados, defensores públicos y policías, cuyo contenido les permita comprender cabalmente la problemática y ponerlos en condiciones de aportar soluciones. Para ellos son ideales los espacios de la Escuela de la Judicatura y la del Ministerio Público. La magistrada igualmente sugirió la creación de cursos de formación especial para periodistas que cubren la fuente judicial, pero en el que participen miembros del elenco judicial, lo que permitirá crear un ambiente favorable para trasladar a los comunicadores las preocupaciones planteadas. |
