Las autoridades han identificado hasta el jueves a por lo menos 15 de los 72 migrantes centro y suramericanos masacrados en el noreste de México en un lugar a escasos 160 kilómetros de su meta, Estados Unidos El subprocurador de Justicia del estado norteño de Tamaulipas, Jesús de la Garza, dijo a Milenio Televisión que ocho de las víctimas identificadas eran de Honduras, cuatro de El Salvador, dos de Guatemala y uno de Brasil.
Antes de las declaraciones del subprocurador, las autoridades mexicanas no habían mencionado que hubiera guatemaltecos entre los migrantes, asesinados presuntamente por miembros del cartel de las drogas de Los Zetas.
Las labores de identificación continúan y se realizan en una funeraria de la localidad tamaulipeca de San Fernando, resguardada por infantes de marina armados con fusiles de alto poder.
Los cuerpos permanecían en una caja refrigerante colocada en el estacionamiento de la funeraria "Valle de la Paz", donde algunos habitantes decían que podía percibirse el hedor de los cadáveres.
El vocero de seguridad del gobierno federal, Alejandro Poiré, dijo a W Radio que al parecer los migrantes fueron asesinados después de negarse a colaborar con Los Zetas.
"Lo que este episodio revela con la información que tenemos hasta ahorita es una modalidad de reclutamiento forzado", señaló. "Es decir, ni siquiera es un secuestro con intención aparentemente pecuniaria, sino fundamentalmente ... forzarlos a participar en las estructuras del crimen organizado".
El vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera, dijo el jueves a la AP que durante el día trasladaron a diplomáticos hacia la ciudad de Reynosa, cercana a San Fernando, desde donde fueron movilizados para colaborar con las tareas de identificación.
Indicó que las autoridades llevaron al cónsul de Ecuador en México a un hospital en Tamaulipas para que visitara a su compatriota Luis Freddy Lala Pomavilla, el único sobreviviente de la masacre y quien declaró que Los Zetas eran los responsables.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también ha enviado peritos para monitorizar los trabajos de identificación, pidió al gobierno que tome medidas para proteger la integridad del sobreviviente ecuatoriano.
Las víctimas fueron halladas el martes amontonadas contra una pared de una finca rural cerca de San Fernando, un pueblo de 30.000 personas en el estado nororiental de Tamaulipas.
Los migrantes, incluyendo a 14 mujeres, habían intentado llegar a Texas a través de algunas de las zonas más peligrosas de México.
El secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Juan Daniel Alemán, expresó en un comunicado su solidaridad con las familias de las víctimas y pidió "a las autoridades responsables a realizar una exhaustiva investigación que lleve al esclarecimiento de este condenable hecho".
Efectivos de la Armada encontraron los cadáveres luego que el ecuatoriano Lala, de 18 años, llegó herido hasta un retén carretero para avisarles.
La familia de Lala, quien recibió un balazo en el cuello, dijo a la televisión ecuatoriana que el joven había partido hace dos meses de su pueblo en los Andes hacia Estados Unidos, donde viven sus padres.
"Yo le dije que no se fuera, pero él se fue", dijo entre sollozos su hermano Luis Alfredo Lala a Ecuavisa.
La esposa de Lala Pomavilla, María Angélica, de 17 años y embarazada de seis meses, dijo a Teleamazonas que un traficante de indocumentados le cobró 15.000 dólares para pasarlo a Estados Unidos y que la había llamado para decirle que su marido ya había llegado a Los Angeles.
Si se confirma que el caso fue un secuestro masivo a manos de Los Zetas, la matanza sería la más sangrienta de la lucha contra las drogas en México desde que el presidente Felipe Calderón lanzó una campaña contra los cárteles a finales del 2006. Más de 28.000 personas han muerto desde entonces en incidentes relacionados con el tráfico de drogas.
Calderón aseguró que el caso es una nueva señal de que los cárteles resultaron dañados por la ofensiva de miles de soldados y policías federales y están desesperados por medios alternativos de ingresos.
Sin embargo, activistas por los derechos de los migrantes culparon la indiferencia gubernamental por la violencia que éstos sufren.
"No estamos de acuerdo... que esto fue una consecuencia de los enfrentamientos del crimen organizado", dijo el sacerdote Pedro Pantoja, director de la Casa del Migrante en la norteña ciudad de Saltillo, que culpó a "la permisibilidad del Estado mexicano" y a la "complicidad con los delincuentes".
El gobierno hondureño informó el jueves que participaba del proceso de identificación de los migrantes asesinados.
En la Casa del Migrante a las afueras de la Ciudad de México, unos 20 viajeros volvieron a sus países tras enterarse de la masacre, dijo el nicaragüense Héctor López, que abandonó su viaje hace tres meses y trabaja en el refugio.
Pero otros aún pensaban llegar a Estados Unidos, como Wilbert Cuéllar, un beliceño de 35 años en su octava travesía al norte.
"Andamos corriendo de los militares, de la migración, de los policías; ahora de los bandidos, de los Zetas", dijo. "Somos unos tristes pobres, nada más andamos de pasada. ¨Por qué tienen que hacer esoé".
Antes de las declaraciones del subprocurador, las autoridades mexicanas no habían mencionado que hubiera guatemaltecos entre los migrantes, asesinados presuntamente por miembros del cartel de las drogas de Los Zetas.
Las labores de identificación continúan y se realizan en una funeraria de la localidad tamaulipeca de San Fernando, resguardada por infantes de marina armados con fusiles de alto poder.
Los cuerpos permanecían en una caja refrigerante colocada en el estacionamiento de la funeraria "Valle de la Paz", donde algunos habitantes decían que podía percibirse el hedor de los cadáveres.
El vocero de seguridad del gobierno federal, Alejandro Poiré, dijo a W Radio que al parecer los migrantes fueron asesinados después de negarse a colaborar con Los Zetas.
"Lo que este episodio revela con la información que tenemos hasta ahorita es una modalidad de reclutamiento forzado", señaló. "Es decir, ni siquiera es un secuestro con intención aparentemente pecuniaria, sino fundamentalmente ... forzarlos a participar en las estructuras del crimen organizado".
El vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera, dijo el jueves a la AP que durante el día trasladaron a diplomáticos hacia la ciudad de Reynosa, cercana a San Fernando, desde donde fueron movilizados para colaborar con las tareas de identificación.
Indicó que las autoridades llevaron al cónsul de Ecuador en México a un hospital en Tamaulipas para que visitara a su compatriota Luis Freddy Lala Pomavilla, el único sobreviviente de la masacre y quien declaró que Los Zetas eran los responsables.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también ha enviado peritos para monitorizar los trabajos de identificación, pidió al gobierno que tome medidas para proteger la integridad del sobreviviente ecuatoriano.
Las víctimas fueron halladas el martes amontonadas contra una pared de una finca rural cerca de San Fernando, un pueblo de 30.000 personas en el estado nororiental de Tamaulipas.
Los migrantes, incluyendo a 14 mujeres, habían intentado llegar a Texas a través de algunas de las zonas más peligrosas de México.
El secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Juan Daniel Alemán, expresó en un comunicado su solidaridad con las familias de las víctimas y pidió "a las autoridades responsables a realizar una exhaustiva investigación que lleve al esclarecimiento de este condenable hecho".
Efectivos de la Armada encontraron los cadáveres luego que el ecuatoriano Lala, de 18 años, llegó herido hasta un retén carretero para avisarles.
La familia de Lala, quien recibió un balazo en el cuello, dijo a la televisión ecuatoriana que el joven había partido hace dos meses de su pueblo en los Andes hacia Estados Unidos, donde viven sus padres.
"Yo le dije que no se fuera, pero él se fue", dijo entre sollozos su hermano Luis Alfredo Lala a Ecuavisa.
La esposa de Lala Pomavilla, María Angélica, de 17 años y embarazada de seis meses, dijo a Teleamazonas que un traficante de indocumentados le cobró 15.000 dólares para pasarlo a Estados Unidos y que la había llamado para decirle que su marido ya había llegado a Los Angeles.
Si se confirma que el caso fue un secuestro masivo a manos de Los Zetas, la matanza sería la más sangrienta de la lucha contra las drogas en México desde que el presidente Felipe Calderón lanzó una campaña contra los cárteles a finales del 2006. Más de 28.000 personas han muerto desde entonces en incidentes relacionados con el tráfico de drogas.
Calderón aseguró que el caso es una nueva señal de que los cárteles resultaron dañados por la ofensiva de miles de soldados y policías federales y están desesperados por medios alternativos de ingresos.
Sin embargo, activistas por los derechos de los migrantes culparon la indiferencia gubernamental por la violencia que éstos sufren.
"No estamos de acuerdo... que esto fue una consecuencia de los enfrentamientos del crimen organizado", dijo el sacerdote Pedro Pantoja, director de la Casa del Migrante en la norteña ciudad de Saltillo, que culpó a "la permisibilidad del Estado mexicano" y a la "complicidad con los delincuentes".
El gobierno hondureño informó el jueves que participaba del proceso de identificación de los migrantes asesinados.
En la Casa del Migrante a las afueras de la Ciudad de México, unos 20 viajeros volvieron a sus países tras enterarse de la masacre, dijo el nicaragüense Héctor López, que abandonó su viaje hace tres meses y trabaja en el refugio.
Pero otros aún pensaban llegar a Estados Unidos, como Wilbert Cuéllar, un beliceño de 35 años en su octava travesía al norte.
"Andamos corriendo de los militares, de la migración, de los policías; ahora de los bandidos, de los Zetas", dijo. "Somos unos tristes pobres, nada más andamos de pasada. ¨Por qué tienen que hacer esoé".
