La agrupación empresarial, que preside Ignacio Méndez, dijo que la Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) ha dado una pequeña pista de la hemorragia que representa la corrupción, al señalar que en diez años se han perdido RD$104,000 millones por esa práctica.
Manifestó que si el Gobierno aplicara estrictamente las normas y leyes anti-corrupción se evitará no sólo golpear a los sectores que generan empleos extrayéndoles recursos en forma irregular, sino que tampoco deterioraría su propia imagen institucional.
“El Gobierno insiste en violar la Ley 392 de Proindustria para obtener recursos mínimos, que no constituyen una solución al problema fiscal, cuando pudiera aplicar recortes en el gasto público y aplicar controles a la centrífuga de la corrupción que reportaría mejores resultados”, manifestó el presidente de la FAI.
Dijo que la postura de la Dirección de Aduanas constituye una vuelta atrás para retomar un ejercicio violatorio de la ley, que el mismo Gobierno había descartado y por lo cual apeló a un acuerdo no institucional con 35 grandes empresas a fin de que pagaran el ITBIS por adelantado.
“Ojalá que ese afán del Gobierno por cobrar centavos –en comparación con la magnitud del déficit fiscal- se reflejara en el cumplimiento de las normas anti-corrupción, con sus debidas sanciones, y en el control del gasto público. Es seguro que habría dinero suficiente para cumplir las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, sostuvo la FAI.
