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El diseño de una política de desarme que incluya a
civiles, militares y policías cuando no estén de servicio, fue planteada
este martes por el procurador general de la República, quien entiende
que con la medida se reducirían los niveles de violencia y criminalidad
que se registra en el país.
A juicio del doctor Radhamés Jiménez Peña primero hay que comenzar con las personas que la portan de manera ilegal, y que fundamentalmente son delincuentes, y luego de recoger esas armas ilegales, consensuar un programa encabezado por el Ministerio de Interior y Policía, para regularizar la tenencia y porte de armas de fuego.
Considera el funcionario judicial que con menos armas de fuego en manos de civiles, y los militares y policías que no estén de servicio, se reducirían de manera sensible las pérdidas de vidas humanas.
Al insistir en que mientras menos armas hayan en manos de civiles y militares habría menos violencia y muertes, Jiménez Peña recordó que siempre ha estado de acuerdo con el desarme, lo que ha planteado en distintas ocasiones.
El procurador formuló las consideraciones tras un encuentro con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Abel Rodríguez del Orbe, donde insistió en que quienes portan armas ilegales son los delincuente, aunque admitió que de las personas que tienen armas legales no son delincuentes, pero también cometen actos de violencia.
Sin embargo, el doctor Jiménez Peña aclaró que, ante la situación de delincuencia que vive el país, el desarme que propone debe hacerse por etapas.
Opinó que en la primera etapa se debe desarmar las personas que la tienen de forma ilegal, y posteriormente regular las legales, e insistió en que con la creación de ese programa, y que Interior y Policía diseñe esa política de desarme, se podría enfrentar la situación de violencia y criminalidad que vive el país.
La propuesta del procurador general de la República coincide con una sugerencia del coordinador de la Pastoral Juvenil, padre Luis Rosario, que planteó el desarme de la población para evitar los hechos de violencia, pero no especificó si primero había que hacerlo con los delincuentes, que son quienes mantienen el estado de inseguridad que vive la población, con el concurso de policías y militares integrados a esta actividad delictiva.
A juicio del doctor Radhamés Jiménez Peña primero hay que comenzar con las personas que la portan de manera ilegal, y que fundamentalmente son delincuentes, y luego de recoger esas armas ilegales, consensuar un programa encabezado por el Ministerio de Interior y Policía, para regularizar la tenencia y porte de armas de fuego.
Considera el funcionario judicial que con menos armas de fuego en manos de civiles, y los militares y policías que no estén de servicio, se reducirían de manera sensible las pérdidas de vidas humanas.
Al insistir en que mientras menos armas hayan en manos de civiles y militares habría menos violencia y muertes, Jiménez Peña recordó que siempre ha estado de acuerdo con el desarme, lo que ha planteado en distintas ocasiones.
El procurador formuló las consideraciones tras un encuentro con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Abel Rodríguez del Orbe, donde insistió en que quienes portan armas ilegales son los delincuente, aunque admitió que de las personas que tienen armas legales no son delincuentes, pero también cometen actos de violencia.
Sin embargo, el doctor Jiménez Peña aclaró que, ante la situación de delincuencia que vive el país, el desarme que propone debe hacerse por etapas.
Opinó que en la primera etapa se debe desarmar las personas que la tienen de forma ilegal, y posteriormente regular las legales, e insistió en que con la creación de ese programa, y que Interior y Policía diseñe esa política de desarme, se podría enfrentar la situación de violencia y criminalidad que vive el país.
La propuesta del procurador general de la República coincide con una sugerencia del coordinador de la Pastoral Juvenil, padre Luis Rosario, que planteó el desarme de la población para evitar los hechos de violencia, pero no especificó si primero había que hacerlo con los delincuentes, que son quienes mantienen el estado de inseguridad que vive la población, con el concurso de policías y militares integrados a esta actividad delictiva.
